Establece un marco regulatorio integral para el desarrollo, uso y supervisión de la inteligencia artificial en Bolivia. Define principios como beneficio público, transparencia, ética y no discriminación, y crea la Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). La ley exige protección de datos personales, prohíbe usos ilícitos, impone requisitos para acceder a incentivos fiscales y promueve la innovación local. También prevé auditorías, sanciones administrativas y penales, y la obligación de reportar el cumplimiento normativo por parte de las empresas que operan sistemas de IA en el país. (Borrador Proyecto de Ley CS-178-24, 2025)