Establece un marco para simplificar y digitalizar trámites públicos mediante interoperabilidad, automatización e inteligencia artificial. El articulado regula directamente el uso de IA en la administración pública, incluyendo clasificación de sistemas por impacto (artículo 18), usos prohibidos (artículo 19), evaluaciones de impacto algorítmico (artículo 20), registro público de sistemas de IA (artículo 21), transparencia, derecho a explicación, revisión humana, responsabilidad institucional y auditorías de sistemas de alto impacto (artículos 22-25). La IA se integra como herramienta para simplificar trámites, bajo principios de supervisión humana, no discriminación, trazabilidad y protección de derechos. (Proyecto de Ley 102, 2026C)