Busca incorporar al Código Penal sanciones específicas para delitos cometidos mediante inteligencia artificial y otras tecnologías, como la manipulación de datos personales, imágenes o identidades sin consentimiento para causar daño. Propone penas de prisión de 2 meses a 3 años, agravadas si la víctima es menor o el hecho ocurre en contextos políticos. También regula el uso indebido de contenido manipulado para falsos testimonios o suplantaciones. El objetivo es proteger la libertad, privacidad e identidad frente a los riesgos éticos y sociales derivados del uso de tecnologías emergentes (Proyecto de Ley Exp. 0992-S, 2024).