Se introducen regulaciones para el uso de la inteligencia artificial, definiendo a usuarios directos e indirectos y a los proveedores de IA. Establece el deber de informar sobre el funcionamiento, entrenamiento y limitaciones de los sistemas de IA, además de requerir consentimiento explícito para el uso de datos personales. Se quiere garantizar la transparencia y la responsabilidad por decisiones tomadas por la IA, protegiendo los derechos de los consumidores frente a potenciales riesgos como errores, sesgos y falta de transparencia en procesos automatizados (Proyecto de Ley Exp. 4898-D, 2024).