Busca proteger la integridad y privacidad de las personas, especialmente de niños y adolescentes, frente a los efectos dañinos de los “deepfakes”. Criminaliza la creación, difusión y uso de estos contenidos generados con inteligencia artificial para difamar, engañar o perjudicar, con penas de hasta 6 años de prisión. Obliga a las plataformas digitales a implementar mecanismos para detectar y eliminar dichos contenidos. [Parafraseo a partir del Portugués] (Projeto de Lei 896, 2024)