Este sistema “[s]eguimiento ” y evaluación a los recursos públicos asignados para la atención de derechos individuales y colectivos de los grupos poblacionales sujetos de enfoque diferencial. En este sentido, monitorea de manera permanente la política pública, sus programas, proyectos y contratos”, con el propósito de generar alertas tempranas frente a hechos constitutivos de presunto daño fiscal que se remiten a la dependencia de la entidad que corresponda.