El decreto reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reforzar el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), condicionado a límites estatales para proteger la salud mental (Art. 13). Establece la obligación de promover el uso responsable y seguro de las TIC en educación (Art. 57). Reconoce el derecho al acceso y uso seguro del Internet para ejercer diversos derechos (Art. 101 Bis 2) (Barrón, 2024). Aunque no menciona inteligencia artificial, la regulación impacta directamente en sistemas basados en IA usados en plataformas digitales, clasificación de contenidos, moderación y algoritmos de recomendación.