La iniciativa propone tipificar el delito de usurpación de identidad, definiéndolo como el uso indebido de datos personales y biométricos sin autorización. Establece penas de 1 a 5 años de prisión y multas, con aumentos en casos que involucren menores de edad, incapacidad de la víctima, o el uso de tecnologías como inteligencia artificial. Las sanciones se duplican si el delito se relaciona con secuestro, trata de personas o atentados contra el libre desarrollo de la personalidad. La propuesta busca reforzar la protección frente a estas prácticas mediante modificaciones legales específicas. (Sistema de Información Legislativa, 14 de diciembre de 2023)