Establece disposiciones para garantizar entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes, mediante políticas públicas, corresponsabilidad entre Estado, familias, empresas y sociedad, y la creación de un Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia. Reconoce derechos como la no discriminación en línea, la alfabetización digital y la privacidad. El articulado advierte sobre los riesgos de procesos automáticos y algoritmos sesgados que pueden discriminar a menores, y crea un sistema integral de monitoreo y prevención de riesgos en línea. Su vínculo con la IA surge al regular el impacto de algoritmos automatizados en la protección de derechos infantiles. (Ley 2489, 2025, Artículos 1 y 4.2)