Busca reducir de manera gradual la jornada laboral máxima de los empleados públicos y trabajadores oficiales, sin afectar salarios, prestaciones ni derechos adquiridos. Establece mesas técnicas entre el Gobierno, sindicatos y entidades públicas para diseñar medidas que eviten impactos negativos en la prestación de servicios y fortalezcan las competencias de los trabajadores. El articulado contempla programas de capacitación con énfasis en el uso de tecnologías de la información e inteligencia artificial para optimizar el cumplimiento de funciones y mejorar la eficiencia institucional. (Proyecto de Ley 518, 2025, Artículo 1)