Propone crear un banco nacional de patrones biométricos (rostro, iris y voz) de personas investigadas o condenadas penalmente, y establecer la instalación obligatoria de cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos estratégicos (aeropuertos, estaciones, estadios, etc.). La base será gestionada por un órgano central de pericia criminal y se integrará mediante cooperación entre la Unión, Estados y municipios. El reconocimiento facial y el análisis biométrico dependen de tecnologías de inteligencia artificial para funcionar. Aunque la IA no se menciona explícitamente, el proyecto regula tecnologías que requieren IA para su implementación y operación efectiva. [Parafraseo a partir del Portugués] (Projeto de Lei 6197, 2019)