Este sistema “[i]dentifica ” anomalías en la contratación del PAE como: sobrecostos, problemas en entregas, inconsistencias en los subsidiados reportados, concentración de contratistas, únicos proponentes y presuntas colusiones en las diferentes regiones del país”, con el propósito de generar alertas tempranas frente a hechos constitutivos de presunto daño fiscal que se remiten a la dependencia de la entidad que corresponda.