En las últimas décadas las administraciones de justicia de América Latina han implementado nuevas tecnologías para la gestión de los procesos y para apoyar las tareas de los jueces y quienes laboran en sus despachos. Algunas de esas herramientas han sido adquiridas y/o desarrolladas por órganos que gobiernan la rama judicial en el marco de procesos de transformación digital, y otras herramientas de libre acceso están disponibles para cualquier usuario que tenga acceso a Internet -por ejemplo, los buscadores de sitios web como Google- y que son usadas a diario en los despachos.

Más recientemente, el sector judicial de la región también ha empezado a explorar la introducción de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los sistemas judiciales para apoyar la identificación de información, sustituir algunas funciones previamente realizadas por personas, y para obtener recomendaciones a partir de análisis predictivos. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional desarrolló el proyecto PretorIA con el fin de optimizar el procesamiento de miles de tutelas que la Corte debe examinar, para seleccionar cuáles serán revisadas; no se trata de un sistema que selecciona de manera automatizada los expedientes de tutela, sino que apoya la labor de búsqueda e identificación de estos.