La resolución aprueba y declara obligatoria una capacitación sobre Buenas Prácticas para el Uso de Inteligencia Artificial (IA) e Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la CABA. El articulado se centra en habilitar, implementar y certificar la formación, asignando funciones al Comité de Estandarización en IA y al Centro de Formación Judicial. No regula directamente el diseño, uso o funcionamiento de sistemas de IA, sino que condiciona su utilización institucional a la capacitación previa, como medida de gestión de riesgos, control humano y responsabilidad profesional. El anexo desarrolla el programa formativo obligatorio sobre uso responsable de IA e IAGen en el Poder Judicial de la CABA. Define objetivos, contenidos, módulos y herramientas concretas (como MIA, AymurAI y JustiBot), abordando principios de control humano, transparencia, protección de datos, prevención de sesgos, verificación crítica y prompting legal. (Resolución Presidencia 392, 2026, Anexo)

Propone una reforma integral de la protección de datos personales en Argentina, con un enfoque basado en principios, proporcionalidad y responsabilidad proactiva. El articulado regula expresamente la inteligencia artificial, incluyendo: definición de IA (artículo 3), tratamiento de datos inferidos, decisiones automatizadas, entrenamiento de sistemas de IA con datos públicos (artículo 6), derecho de oposición y reglas sobre supresión de datos en modelos ya entrenados (artículo 10), uso de pseudonimización para desarrollo de IA (artículo 11) y sandboxes regulatorios para proyectos basados en IA (artículos 60 y 61). La IA se integra como eje relevante dentro del régimen de datos. (Proyecto de Ley Exp. 1751-D, 2026)

Sustituye el Título 2 del Decreto 1081 de 2015 y establece directrices generales de técnica normativa para la elaboración, consulta, revisión, publicación y evaluación de actos administrativos en la Rama Ejecutiva. Regula el Ciclo de Gobernanza Regulatoria, la agenda regulatoria, el análisis de impacto normativo, la consulta pública (Sucop) y la evaluación ex post. El articulado no menciona explícitamente la inteligencia artificial. No obstante, su énfasis en digitalización, automatización de trámites, análisis de impacto y uso de plataformas electrónicas puede incidir indirectamente en la regulación futura de sistemas automatizados o basados en IA dentro de la producción normativa. (Decreto 385 de la Presidencia de la República de Colombia, 2026)

The Bill establishes a statutory Artificial Intelligence Authority tasked with overseeing and regulating AI. It focuses on broad requirements for AI systems, including risk assessments, human oversight, transparency, and fairness, rather than a strict risk classification. High-risk AI practices, particularly deepfakes, require clear labeling and consent. It addresses emerging issues like autonomous systems and robotics with provisions for safety and accountability. Civil enforcement is preferred, imposing administrative fines of up to 4% of revenue for serious violations. The Bill aligns with Trinidad and Tobago’s Constitution, ensuring that limitations on rights are transparent and legally justified. [Parafraseado del Inglés] (Artificial Intelligence Bill, 2025)

“Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico que regule el desarrollo, la implementación y utilización de los sistemas de Inteligencia Artificial (en adelante, sistemas I.A.) en el territorio nacional, promoviendo su utilización desde la ética, seguridad y responsabilidad; asegurando la protección de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política Del Estado en beneficio del desarrollo social y económico del país.” (Proyecto de Ley 2026 CD-310-25, Artículo 1)

El proyecto establece un régimen para prevenir fraudes electorales mediante contenidos generados con inteligencia artificial (IA) y, en particular, IA generativa. El articulado define IA e IAGen, impone la obligación de incorporar marcas de agua visibles y digitales en contenidos políticos creados o modificados con IA, reconoce el derecho a réplica, exige remoción inmediata de contenidos manipulados, y tipifica penalmente la elaboración o difusión de imágenes, audios o videos falsos con IA destinados a manipular la voluntad electoral durante períodos electorales. Modifica el Código Electoral Nacional. (Proyecto de Ley 6604-D, 2025)

El proyecto modifica el Código Nacional Electoral para prevenir y sancionar la difusión de desinformación electoral generada o manipulada mediante inteligencia artificial, algoritmos automatizados y tecnologías similares. El articulado prohíbe expresamente las fake news electorales producidas con IA, impone obligaciones a plataformas digitales (identificación, etiquetado, remoción y cooperación con la justicia), tipifica penalmente los deepfakes electorales, habilita medidas judiciales urgentes de remoción de contenido y establece campañas de alfabetización digital sobre uso responsable de IA en procesos electorales. (Proyecto de Ley 6653-D, 2025)

El proyecto establece un régimen de transparencia, equidad y rendición de cuentas para algoritmos y sistemas de inteligencia artificial usados en decisiones automatizadas que impactan derechos. El articulado regula principios de transparencia algorítmica, no discriminación, derecho a explicación y revisión humana, auditorías obligatorias, Registro Nacional de Algoritmos, exigencias de código abierto o auditorías independientes en sectores críticos (justicia, seguridad y salud), y un régimen sancionatorio. Se aplica a entidades públicas y privadas en múltiples sectores (finanzas, empleo, salud, justicia y plataformas digitales). (Proyecto de Ley 6655-D, 2025)

El proyecto modifica la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 para incorporar la educación en inteligencia artificial (IA) de manera obligatoria, progresiva y transversal en los niveles inicial, primario y secundario. El articulado define la educación en IA y ciudadanía digital, establece contenidos mínimos (conceptos de IA, aplicaciones, ética digital, pensamiento computacional y programación básica), fija plazos de implementación, asigna la autoridad de aplicación al Ministerio de Educación y prevé políticas de formación docente a través del Consejo Federal de Educación. La IA es abordada como contenido educativo y competencia formativa. (Proyecto de Ley 6656-D, 2025)

El proyecto establece un marco jurídico integral para el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial en Argentina. Regula principios, definiciones, clasificación por niveles de riesgo (incluida IA de alto riesgo y modelos de propósito general), obligaciones de proveedores e implementadores, prohibiciones, auditorías, explicabilidad, supervisión humana, responsabilidad civil y penal, y un régimen sancionatorio. Crea la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), infraestructura pública de cómputo y datos, registros obligatorios, sandboxes regulatorios, políticas de formación, financiamiento (FONIA) y promoción industrial, con enfoque en soberanía tecnológica y derechos fundamentales. (Proyecto de Ley 0253-D, 2026)